Dictamen técnico de observaciones al Plan Estratégico Institucional 2026–2035 de la Universidad Nacional de Río Cuarto

1. Objeto, alcance y método

El presente dictamen examina el Plan Estratégico Institucional 2026–2035 de la UNRC y concluye que el documento no reúne las condiciones mínimas de validez formal, consistencia lógica y suficiencia técnica exigibles a un instrumento de planificación aprobado por el Consejo Superior. Versión analizada. “PEI 2026–2035 UNRC – versión gráfica”, 52 páginas. En su p. 4 consigna: “Aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 0298/26”. Las citas remiten a la numeración impresa; las páginas preliminares sin número se citan por su posición (p. 3 autoridades, p. 4 Consejo Superior, p. 5 CIP, p. 7 “La organización del documento”) y el índice, por su nombre. Dimensiones examinadas. Jurídico-normativa, planeamiento estratégico, lógico-conceptual, matemático-cuantitativa y redacción. Cada observación consigna hallazgo, evidencia textual con página, fundamento y consecuencia. Criterio de verificación. Solo se formulan observaciones constatables en el propio texto. Se descartaron expresamente las que, tras cotejo, no se sostienen (sección 10). El documento se juzga ante todo contra sus propias definiciones, objetivos y promesas.

Escala de gravedad

2. Resumen ejecutivo

Dictamen: el documento no es aprobable en su forma actual. Se registran 66 observaciones, 5 de ellas invalidantes por sí solas. Ninguna depende de criterios externos: todas surgen de contrastar el texto consigo mismo y con el mandato que le dio origen.

Las cinco observaciones invalidantes

1. J-1. El documento atribuye la ampliación de su órgano autor a dos actos distintos e incompatibles: resoluciones rectorales (p. 7) y una resolución del Consejo Superior (p. 21).
2. J-2. La integración publicada del CIP no coincide con la autorizada: figuran 9 estudiantes donde el texto autoriza 6, y una integrante del Consejo Social sin base normativa consignada.
3. J-3. El objeto aprobado es incierto. El texto se autodenomina “propuesta” y remite a una Matriz de Indicadores y a indicadores “consignados” que no existen.
4. P-1. El plan incumple los tres objetivos que le fijó la RCS 0296/24: no evalúa el plan anterior, no define una cartera de programas y no crea el sistema de indicadores.
5. P-2. Ninguna de las 58 actividades ni de las 23 líneas tiene línea de base, meta, plazo, responsable o recurso. Todo el sistema de medición está redactado en modo potestativo (“se podrá”).

Cifras que resumen el estado del documento

3. Observaciones jurídico-normativas

El documento no permite establecer con certeza qué órgano lo elaboró, con qué integración, ni cuál es exactamente el texto aprobado.

J-1 · A · Actos contradictorios sobre la ampliación del órgano autor

• Evidencia: p. 7: el CIP fue “creado por RVR N.º 527/25 y ampliado mediante RR N.º 865/25 y RR N.º 607/26”. p. 21: “La ampliación del CIP fue aprobada por el Consejo Superior por Resolución N° 377/25”.
• Fundamento: Una misma decisión se atribuye a órganos distintos (Rectorado y Consejo Superior) y a actos distintos. La RR 607/26 implica además una ampliación en 2026 que el relato de las pp. 20–21 no menciona.
• Consecuencia: No es posible verificar la competencia ni la regularidad del órgano que formuló el plan.

J-2 · A · La integración publicada del CIP no coincide con la autorizada

• Evidencia: pp. 20–21 autorizan “tres representantes titulares y tres suplentes del claustro estudiantil” (6), dos y dos de graduados (4) y dos y dos nodocentes (4). La p. 5 lista 9 estudiantes, 4 graduados, 4 nodocentes y una representante del Consejo Social, sin distinguir titulares de suplentes.
• Fundamento: Tres estudiantes y la representante del Consejo Social no tienen base normativa consignada en el documento. La omisión de la condición de titular o suplente impide saber quiénes integraron el órgano con voz y voto.
• Consecuencia: La legitimidad de la integración del órgano autor no es verificable desde el propio texto.

J-3 · A · Objeto aprobado incierto

• Evidencia: p. 4: “Aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 0298/26”. Sin embargo, p. 7: “El presente documento contiene una propuesta de actualización”; p. 49: “La presente propuesta”. p. 49 invoca “la Matriz de Indicadores Estratégicos” como componente del modelo; p. 48 se refiere a “los indicadores consignados”. Ninguno de los dos existe en el documento. La resolución aprobatoria no consigna fecha.
• Fundamento: Si la Matriz integra lo aprobado, la versión publicada está incompleta. Si no lo integra, el texto aprobado remite a contenido inexistente. En ambos casos el objeto del acto aprobatorio no puede determinarse con precisión.
• Consecuencia: Defecto invalidante: no se puede exigir ni evaluar el cumplimiento de un instrumento cuyo contenido es indeterminado.

J-4 · B · Cobertura temporal no explicada entre planes

• Evidencia: p. 19: el PEI 2017–2023 “Se extendió su vigencia por Resolución del Consejo Superior N° 71/2024”.
• Fundamento: La prórroga se dictó en 2024, con posterioridad al término del período 2017–2023, y el documento no informa su plazo. No consta si la institución tuvo plan vigente entre el fin de 2023, la prórroga y la RCS 0298/26.

J-5 · B · Marco normativo omitido

• Evidencia: El documento invoca el Estatuto (pp. 16, 17, 28) y “la normativa vigente” (E3.L2.A1, p. 39) sin citarlos. Las Referencias (p. 50) incluyen solo cinco documentos.
• Fundamento: Un plan institucional debe identificar las normas que lo condicionan. Faltan, entre otras: Ley 24.521 de Educación Superior; Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (E3.L2.A1); Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (desafío de la p. 27); Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (p. 12, E5.L2.A2, E6.L1.A1); Convenio Colectivo docente (Decreto 1246/2015) y nodocente (Decreto 366/2006), que condicionan E1.L8.A2 y E3.L3. De las 13 normas citadas en el cuerpo, 10 no figuran en Referencias.

J-6 · B · Actividades que dependen de competencias ajenas sin declararlo

• Evidencia: E1.L7.A2 (p. 36) promueve la “validación internacional de títulos universitarios”. E1.L5.A2 (p. 35) persigue mejorar la “categorización” del posgrado. E1.L8.A2 (p. 36) propone revisar el “régimen de carrera y concursos docentes”.
• Fundamento: La validez y el reconocimiento de títulos dependen del Estado nacional y de acuerdos internacionales. La categorización del posgrado corresponde a CONEAU. El régimen de carrera docente está regido por convenio colectivo. El plan no distingue lo que la Universidad decide de lo que solo puede gestionar ante terceros.

J-7 · B · Evaluación externa obligatoria no prevista

• Evidencia: La última evaluación externa de CONEAU tuvo visita en noviembre de 2019 e informe en diciembre de 2020 (p. 19).
• Fundamento: El art. 44 de la Ley 24.521 exige evaluaciones externas como mínimo cada seis años. La próxima cae dentro del horizonte 2026–2035 y el plan no la programa. Tampoco identifica cuáles recomendaciones del informe CONEAU 2020 atiende, pese a declararlo antecedente (p. 24).

J-8 · C · Denominaciones oficiales inestables

• Evidencia: El Eje 4 recibe tres nombres: “Gestión ambiental institucional integral” (índice y p. 41), “Compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental” (p. 32) y “Sostenibilidad Ambiental” (p. 31). El Eje 1 alterna “Académico, Educación…” (p. 32) y “Académico - Educación…” (índice y p. 33). La Secretaría figura como “de Posgrado” (p. 3) y “de Posgrado y Cooperación Internacional” (p. 16).
• Fundamento: En un instrumento normativo cada componente debe tener una denominación única, porque es la que luego se cita en resoluciones, presupuestos e informes.

J-9 · C · Citación normativa no uniforme e imprecisa

• Evidencia: Conviven “RVR”, “RR”, “RCS” y la forma desarrollada; “Nº”, “N.º” y “N°”; años de dos y cuatro dígitos (0296/24, 517/2017, 127/07). La misma resolución aparece como “174/2026” (p. 20) y “0174/2026” (pp. 7, 24, 28). La p. 11 llama a la norma de creación “Ley Nº 19.020 del Poder Ejecutivo Nacional”, sin precisar su carácter de norma de facto dictada en ausencia de Congreso.

4. Observaciones de planeamiento estratégico

El documento enumera aspiraciones pero no planifica: no fija metas, no asigna recursos ni responsables, no prioriza y no cumple el mandato que le dio origen.

P-1 · A · Incumplimiento del mandato de origen

• Evidencia: La p. 23 fija tres objetivos al proceso (RCS 0296/24). La p. 20 asigna al CIP “la definición de indicadores para su evaluación y seguimiento”.

• Consecuencia: El documento no es el producto que la resolución de origen ordenó elaborar.

P-2 · A · Ausencia total de metas y medición facultativa

• Evidencia: Ninguna de las 58 actividades ni de las 23 líneas contiene línea de base, valor meta, plazo, responsable o recurso. Todo el aparato de medición está en modo potestativo: “cada Resultado Clave podrá ser monitoreado” (p. 47); “Para cada KPI se podrá definir la línea base… metas… área responsable” (p. 47); “la implementación del modelo podrá expresarse” (p. 48); “podrá apoyarse en tableros” (p. 48).
• Fundamento: Un plan cuya medición es facultativa no es evaluable. Sin línea de base no puede afirmarse mejora alguna. Ejemplo: E4.L1.A1 y A2 (p. 41) persiguen “reducción de huella de carbono” y “una universidad baja en carbono” sin inventario de emisiones de partida.
• Consecuencia: Al cabo de diez años, cualquier estado de la Universidad sería compatible con el cumplimiento del plan. Un instrumento que no puede incumplirse no orienta decisiones.

P-3 · B · Sin evaluación del plan anterior

• Evidencia: p. 21: el PEI “recupera los aprendizajes de los procesos de planificación anteriores”. No se informa qué objetivos del PEI 2017–2023 se cumplieron, cuáles no y por qué.
• Fundamento: Los aprendizajes de un plan solo se demuestran a partir de su evaluación. Sin ella, la afirmación carece de soporte y el nuevo plan puede repetir los fracasos del anterior.

P-4 · B · Sin trazabilidad entre diagnóstico y plan

• Evidencia: Se enuncian 14 desafíos prioritarios (pp. 26–27) y se pasa a 7 ejes, 23 líneas y 58 actividades sin matriz de correspondencia. La priorización se basa en la “frecuencia de elección” (p. 24), sin publicar frecuencias, porcentajes ni diferencias por claustro.
• Consecuencia: No puede verificarse que el plan responda al diagnóstico. La sección 8 identifica problemas diagnosticados sin ninguna respuesta.

P-5 · B · Sin priorización, secuencia ni revisión programada

• Evidencia: Las 58 actividades tienen el mismo rango. No hay hitos intermedios (por ejemplo 2028 o 2031) ni revisión de medio término. El horizonte 2026–2035 excede el mandato de las autoridades actuales (2023–2027, p. 13).
• Fundamento: La p. 46 afirma que el modelo garantiza continuidad “más allá de los cambios de gestión”, pero no establece ningún mecanismo que obligue a gestiones futuras: ni plazos de revisión, ni obligación de vincular los planes operativos o el presupuesto a las actividades del plan.

P-6 · B · Sin análisis de recursos, entorno ni riesgos

• Evidencia: El diagnóstico reconoce “la insuficiencia presupuestaria” (p. 25). El plan no estima costos, no identifica fuentes y no formula escenarios, supuestos ni riesgos. A diferencia del PEI 2017–2023, que según la p. 19 partió de un “análisis situacional del contexto externo e interno”, este se apoya solo en la autoevaluación.
• Consecuencia: La calificación de “propuesta situada, realista” (p. 49) no tiene respaldo.

P-7 · B · El órgano autor es también el evaluador

• Evidencia: La Secretaría de Planeamiento coordinó la elaboración (pp. 7, 20) y queda a cargo de la implementación, la coordinación y los informes de evaluación del modelo (p. 48), acompañada por el mismo CIP que formuló el plan.
• Fundamento: No hay instancia de evaluación independiente del órgano que diseñó el plan y que definirá, además, los indicadores con que será evaluado.

P-8 · B · Visión sin horizonte y referencias globales sin contenido

• Evidencia: La visión (p. 22) propone “Ser una universidad innovadora y de excelencia” sin año, sin estado verificable y sin definir “excelencia”. Los ODS se declaran “referencia transversal” (pp. 46, 49), pero no se identifica un solo objetivo ni meta de la Agenda 2030 ni se vincula ninguno a una línea.

P-9 · B · Metodología OKR invocada y desnaturalizada

• Evidencia: La p. 47 define el Resultado Clave como el “Cómo”. Mapea 23 objetivos y 58 resultados clave para un horizonte de diez años sin ciclos. La línea E7.L1 tiene una sola actividad (p. 45), de modo que su único “resultado clave” es una reformulación del propio objetivo.
• Fundamento: En la metodología OKR el resultado clave expresa qué resultado medible evidencia el logro; el cómo corresponde a las iniciativas. Es un método de ciclos cortos con pocos objetivos y resultados cuantificados. El documento toma el nombre del método sin ninguno de sus requisitos.

5. Observaciones lógicas y conceptuales

Las definiciones del propio documento son incompatibles entre sí; aplicadas con rigor, conducen a que el plan no contenga ningún elemento verificable.

L-1 · B · Una categoría de intervención no puede ser un resultado verificable

• Evidencia: p. 29: las actividades estratégicas “constituyen categorías amplias y perdurables de intervención”. p. 47: “cada Actividad Estratégica se corresponde con un Resultado Clave”, y los Resultados Clave “expresan avances verificables”. p. 29: son las acciones operativas las que están “orientadas a generar cambios verificables”; esas acciones quedan fuera del PEI y se definen en planes anuales (p. 28).
• Razonamiento: Si $A = \text{categoría amplia de intervención}$ y $KR = \text{avance verificable}$, la identidad $A = KR$ es una contradicción en los términos. Lo único verificable, por definición del propio texto, está fuera del documento aprobado.
• Consecuencia: El modelo EvaluarPEI es inaplicable tal como está definido.

L-2 · B · Seis de las 23 “líneas u objetivos” no son objetivos

• Evidencia: p. 29: las líneas “traducen los ejes en objetivos concretos y observables”. Seis líneas son rótulos temáticos sin verbo ni estado a alcanzar: E4.L2 “Educación, cultura y vinculación ambiental”; E5.L1 “Políticas integrales de bienestar y desarrollo estudiantil”; E6.L1 “Planificación estratégica e integral de la Infraestructura”; E6.L2 “Servicios tecnológicos y conectividad digital”; E7.L1 “Comunicación interna integrada y participativa”; E7.L2 “Comunicación pública académica, científica y territorial”.
• Consecuencia: En los Ejes 6 y 7 no hay ningún objetivo formulado como tal: el 100 % de sus líneas son rótulos.

L-3 · B · “Funciones sustantivas”: categoría base sin definición estable

• Fundamento: La distinción entre ejes centrales y transversales, columna de toda la arquitectura, descansa en una categoría que cambia de contenido en cada página y que se contradice dentro de la misma página. La p. 28 invoca el Estatuto como fuente de esas funciones sin citarlo.

L-4 · B · Ejes “transversales” con contenido sectorial

• Evidencia: p. 31: los ejes transversales “no se circunscriben a una única función o ámbito”. Sin embargo, contienen líneas sectoriales exclusivas: becas estudiantiles (E5.L1.A1), plan de obras (E6.L1.A1), comunicación interna (E7.L1.A1). Además, la p. 28 hace de la “sostenibilidad integral” un principio transversal que articula bienestar, infraestructura, comunicación y ambiente, es decir, el contenido de los Ejes 4 a 7.
• Fundamento: Los Ejes 4 a 7 son a la vez ejes y dimensiones de un principio. No existe matriz que muestre cómo cada eje transversal opera sobre cada eje central, de modo que la transversalidad es una declaración, no una estructura.

L-5 · B · Indicadores que existen y no existen

• Evidencia: p. 29: “Este modelo incluye indicadores de rendimiento a nivel estratégico”. p. 46: el modelo “no establece un conjunto cerrado y definitivo de indicadores”. p. 48: “Los indicadores consignados tendrán carácter orientativo”, sin que se consigne ninguno.
• Consecuencia: Tres afirmaciones incompatibles sobre el mismo objeto.

L-6 · B · KPI con doble referente y confusión entre ejecución y resultado

• Evidencia: p. 47, dos oraciones consecutivas: los KPI miden “el avance hacia los resultados esperados” y, en la siguiente, “el grado de avance de los objetivos estratégicos”. p. 29: los “indicadores de ejecución” son los que “permiten valorar los resultados”.
• Fundamento: Un indicador mide un objeto definido: o el KR o el objetivo. Y ejecución (qué se hizo) y resultado (qué cambió) son niveles distintos. Sin esa distinción, el plan terminará midiendo actividad realizada c